Me encanta que se
hable sobre la libertad de expresión. Sí, ya sé, idealmente no
debería ser necesario hablar de ella si estuviese asegurada pero, dado que la
manipulación está ahí, al menos es un signo de salud democrática que hablemos del asunto.
Tres son los asuntos
de actualidad que relacionan medios de comunicación y políticos
aquí en Murcia: dos tienen que ver con la radiotelevisión
pública, el tercero con la web municipal del ayuntamiento de
Cartagena.
Primera cuestión:
habla el Consejo de Administración de Radiotelevisión Región de
Murcia, cuya composición ha cambiado con las últimas elecciones
autonómicas. Los representantes designados por el PP son minoría
(3) frente a la oposición (2 PSOE, 2 Podemos, 2 Ciudadanos). Y en su
última reunión, el lunes pasado, decidieron suscribir un comunicado
crítico con el programa Murcia
lo primero del 2 de noviembre (se puede ver pinchando el enlace
sobre el nombre del programa). Los consejeros dicen, entre otras
cosas, que durante
1 hora y 20 este espacio se limita a loar las medidas valientes y
estratégicas adoptadas por el Presidente de la Región y su equipo,
sin rastro de sentido crítico, sin ningún tipo de equilibrio, sin
análisis y rigor. Además de lo dicho por el Consejo, el partido Ciudadanos ha decidido
llevar el caso ante la Junta Electoral: no les parece de recibo que
la televisión pública no sea imparcial. Y Podemos ha tenido a bien desligar los contenidos del quehacer de los profesionales, cuyo criterio poco o nada se tiene en cuenta.
Más
allá de las lógicas suspicacias preelectorales, hay que examinar la realidad de una legislación muy criticada por los
representantes de los trabajadores en RTRM por su falta de visión
profesional y por la ligazón que establece con el gobierno de turno. Esa
legislación, plasmada en un Contrato Programa, deja la televisión
en manos de una empresa privada (Secuoya) a cambio de un dinero (12
millones de euros al año).
En él se contienen indicaciones como que la información debe ser
"objetiva e institucional", términos contradictorios donde
los haya. Son los gabinetes de prensa de las instituciones, y no la radiotelevisión pública, quienes deben ocuparse de difundir en positivo la información que generan sus
respectivos organismos. En este sentido, La 7 estaría cumpliendo su
obligación contractual, al informar de los cien días que lleva en
acción el Consejo de Gobierno, institución que detenta el poder
ejecutivo.
No
existe, ni en el Contrato Programa ni en el Mandato Marco que
desarrolla la Ley de RTRM, previsión para que un Consejo Audiovisual
independiente vele por la calidad de contenidos e información. Antes
bien, se alude a las asociaciones profesionales y, en especial, al
Colegio de Periodistas, como asesores posibles para indicar a los
trabajadores cómo hacer las cosas (algo así como si el Colegio de
Médicos fuese consultado para dirigir correctamente el hospital de
la Arrixaca). Que el actual decano del Colegio de Periodistas fuese
durante unos años consejero portavoz del gobierno regional del PP, o
que en la Junta de Gobierno de ese mismo Colegio y en la
vicepresidencia de la Asociación de Profesionales de Radio y TV
figure el actual encargado de "vigilar" el servicio público
de La7 desde el ente administrativo de Radiotelevisión Región de
Murcia deben ser... felices coincidencias para que todo quede en
casa.
Nuevamente se menciona un organismo, el Colegio de Periodistas, quejoso con el uso de dicha web. ¿Qué decir de ello?. No sólo resulta escandaloso tratar de hacer cómplices a los profesionales de la información en un ataque claramente partidista contra el gobierno municipal, basado actualmente en una coalición entre Movimiento Ciudadano y PSOE, sino que presentar tal moción parece una estupenda desfachatez por parte del partido que más ha presionado, a través de sus gabinetes de prensa institucionales, a los medios de comunicación, inundados desde hace años con notas de prensa que han alimentado la guerra del agua y que constantemente acaparan los espacios informativos con agendas de miembros del gobierno que más parecen notas de sociedad. Hay asuntos especialmente feos, como la utilización de la cuenta de twitter y facebook del 112, útil y necesario por informar de las emergencias que se atienden, y que en los últimos meses ha ido acogiendo graciosamente menciones sobre las visitas de presidencia, directores generales y consejeros.
Y la tercera: el debate de esta
moción será seguido, según el orden del día del pleno, de la
elección del director general de Radiotelevisión Región de Murcia. Es algo novedoso,
debido a un reciente cambio de ley (a instancias del Partido Socialista) que obliga a que los grupos parlamentarios voten por
mayoría su designación.
Será un ingrediente más para alimentar
una polémica que, en conjunto, nada tiene que ver con lo que
interesa al ciudadano: la correcta gestión de los servicios
públicos que paga con sus impuestos; la necesidad de controles
profesionales en el suministro informativo y, en fin, la confianza en
lo que se cuenta y cómo se cuenta.
Después de años de
mediocridad y de progresivo empobrecimiento de los contenidos
públicos, es muy difícil que los espectadores, oyentes y lectores
tengan el suficiente conocimiento de causa como para asistir a este
espectáculo con cierto criterio. Vamos, que es difícil que alguna
de las voces que están sonando cuente con credibilidad y obtenga su
confianza. Yo misma, a ratos, no me creo nada.
-Ana Reviejo- Vocal de la sección sindical de CCOO en RTRM
-Ana Reviejo- Vocal de la sección sindical de CCOO en RTRM
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