viernes, 27 de noviembre de 2015

NADIE ME CREE


Me encanta que se hable sobre la libertad de expresión. Sí, ya sé, idealmente no debería ser necesario hablar de ella si estuviese asegurada pero, dado que la manipulación está ahí, al menos es un signo de salud democrática que hablemos del asunto.
Tres son los asuntos de actualidad que relacionan medios de comunicación y políticos aquí en Murcia: dos tienen que ver con la radiotelevisión pública, el tercero con la web municipal del ayuntamiento de Cartagena.

Primera cuestión: habla el Consejo de Administración de Radiotelevisión Región de Murcia, cuya composición ha cambiado con las últimas elecciones autonómicas. Los representantes designados por el PP son minoría (3) frente a la oposición (2 PSOE, 2 Podemos, 2 Ciudadanos). Y en su última reunión, el lunes pasado, decidieron suscribir un comunicado crítico con el programa Murcia lo primero del 2 de noviembre (se puede ver pinchando el enlace sobre el nombre del programa). Los consejeros dicen, entre otras cosas, que durante 1 hora y 20 este espacio se limita a loar las medidas valientes y estratégicas adoptadas por el Presidente de la Región y su equipo, sin rastro de sentido crítico, sin ningún tipo de equilibrio, sin análisis y rigor. Además de lo dicho por el Consejo, el partido Ciudadanos ha decidido llevar el caso ante la Junta Electoral: no les parece de recibo que la televisión pública no sea imparcial. Y Podemos ha tenido a bien desligar los contenidos del quehacer de los profesionales, cuyo criterio poco o nada se tiene en cuenta.
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-lo-primero/2015/lunes-2-de-noviembre/

Más allá de las lógicas suspicacias preelectorales, hay que examinar la realidad de una legislación muy criticada por los representantes de los trabajadores en RTRM por su falta de visión profesional y por la ligazón que establece con el gobierno de turno. Esa legislación, plasmada en un Contrato Programa, deja la televisión en manos de una empresa privada (Secuoya) a cambio de un dinero (12 millones de euros al año). En él se contienen indicaciones como que la información debe ser "objetiva e institucional", términos contradictorios donde los haya. Son los gabinetes de prensa de las instituciones, y no la radiotelevisión pública, quienes deben ocuparse de difundir en positivo la información que generan sus respectivos organismos. En este sentido, La 7 estaría cumpliendo su obligación contractual, al informar de los cien días que lleva en acción el Consejo de Gobierno, institución que detenta el poder ejecutivo.
No existe, ni en el Contrato Programa ni en el Mandato Marco que desarrolla la Ley de RTRM, previsión para que un Consejo Audiovisual independiente vele por la calidad de contenidos e información. Antes bien, se alude a las asociaciones profesionales y, en especial, al Colegio de Periodistas, como asesores posibles para indicar a los trabajadores cómo hacer las cosas (algo así como si el Colegio de Médicos fuese consultado para dirigir correctamente el hospital de la Arrixaca). Que el actual decano del Colegio de Periodistas fuese durante unos años consejero portavoz del gobierno regional del PP, o que en la Junta de Gobierno de ese mismo Colegio y en la vicepresidencia de la Asociación de Profesionales de Radio y TV figure el actual encargado de "vigilar" el servicio público de La7 desde el ente administrativo de Radiotelevisión Región de Murcia deben ser... felices coincidencias para que todo quede en casa.


Segunda cuestión: en tanto los grupos políticos de oposición protestan por lo que sale en la tele pública, el Partido Popular inicia acciones contra los cambios aplicados en la Web del ayuntamiento de Cartagena. El alcalde de la ciudad, de oratoria más que atrevida, avisó de que iba a enmendar la plana a quien no dijese verdad... y de ahí se han derivado todo tipo de enfrentamientos. Pero el PP va más allá. Ha preparado para su defensa en el pleno del próximo jueves, en la Asamblea Regional, una Moción sobre defensa de la libertad de prensa en la que prácticamente solicita que el parlamento se pronuncie sobre el cierre de esa web, pero apoyándose, no en argumentos sobre el buen uso de las páginas institucionales, sino en el supuesto ataque que se hace a los periodistas. 

Nuevamente se menciona un organismo, el Colegio de Periodistas, quejoso con el uso de dicha web. ¿Qué decir de ello?. No sólo resulta escandaloso tratar de hacer cómplices a los profesionales de la información en un ataque claramente partidista contra el gobierno municipal, basado actualmente en una coalición entre Movimiento Ciudadano y PSOE, sino que presentar tal moción parece una estupenda desfachatez por parte del partido que más ha presionado, a través de sus gabinetes de prensa institucionales, a los medios de comunicación, inundados desde hace años con notas de prensa que han alimentado la guerra del agua y que constantemente acaparan los espacios informativos con agendas de miembros del gobierno que más parecen notas de sociedad. Hay asuntos especialmente feos, como la utilización de la cuenta de twitter y facebook del 112, útil y necesario por informar de las emergencias que se atienden, y que en los últimos meses ha ido acogiendo graciosamente menciones sobre las visitas de presidencia, directores generales y consejeros.

Y la tercera: el debate de esta moción será seguido, según el orden del día del pleno, de la elección del director general de Radiotelevisión Región de Murcia. Es algo novedoso, debido a un reciente cambio de ley (a instancias del Partido Socialista) que obliga a que los grupos parlamentarios voten por mayoría su designación. 
Será un ingrediente más para alimentar una polémica que, en conjunto, nada tiene que ver con lo que interesa al ciudadano: la correcta gestión de los servicios públicos que paga con sus impuestos; la necesidad de controles profesionales en el suministro informativo y, en fin, la confianza en lo que se cuenta y cómo se cuenta.
Después de años de mediocridad y de progresivo empobrecimiento de los contenidos públicos, es muy difícil que los espectadores, oyentes y lectores tengan el suficiente conocimiento de causa como para asistir a este espectáculo con cierto criterio. Vamos, que es difícil que alguna de las voces que están sonando cuente con credibilidad y obtenga su confianza. Yo misma, a ratos, no me creo nada.

-Ana Reviejo- Vocal de la sección sindical de CCOO en RTRM

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