Tres años de lucha
por la restitución de los derechos de los trabajadores despedidos en
Radiotelevisión Región de Murcia, en especial en la radio Onda
Regional, han cristalizado en la moción que hoy han suscrito por
unanimidad los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional.
Es una moción que
pide al gobierno el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, que considera no ajustado a derecho el ERE practicado en el
año 2013. A la votación han asistido miembros del comité de
empresa de RTRM, de la sección sindical de CCOO y algunos de los
compañeros despedidos. La gran cantidad de cuestiones a solventar
hoy en la Asamblea han conducido a una lectura apresurada por parte
del secretario, que ni siquiera ha ocupado los dos minutos necesarios
para la exposición de motivos (puede verse aquí Lectura
de la moción por parte del secretario de la cámara). Y es
importante porque, como puede leerse en el texto, se asumen los
argumentos del Supremo en el sentido de que no se practicó el ERE
para ahorrar, no se respetaron los derechos laborales de los
trabajadores, y el servicio público de la radio se ha visto
comprometido y menospreciado, con lo que al perjuicio personal de
empleados experimentados, ligados a Onda Regional durante muchos años, se
une el perjuicio a la ciudadanía, privada de una programación
digna, completa y adecuada. Dice la moción que es "imperante"
la necesidad de restituir a la radio una plantilla suficiente.
Eso sin contar (no
lo pone en la moción, pero es importante) la mala gestón económica
que supone el despilfarro del presupuesto público en un despacho
de abogados privado que ha gestionado, tanto el ERE como los sucesivos y costosos
recursos judiciales.
Ha habido en fin unanimidad y, por tanto, aplausos y saludos ( véase Votación y aplausos). Después, la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, se han acercado a saludar y a explicar intenciones que no pasan, como sería deseable, por tomar decisiones rápidas en el sentido aprobado por el parlamento, sino más bien por esperar a examinar caso por caso -persona por persona-, mientras el camino judicial sigue su lento andar y va fijando los juicios de las demandas individuales. El gobierno regional afirma que todo va mejor, que no hay que mirar atrás porque una suerte de optimismo espontáneo debe hacernos confiar en que la situación cambie de color. Habla el ejecutivo de tiempo para echar cuentas, de tiempo para nombrar un nuevo equipo directivo.
No deberían olvidar
que el tiempo, efectivamente, pasa, pero para dar la razón a los
trabajadores. De momento, queda la satisfacción de que el grupo
popular, el mismo cuyo partido en el gobierno practicó el expediente
de regulación de empleo en el año 2013, haya suscrito con su firma
el reconomiento de una decisión errada por la que trabajadores y
ciudadanos aún piden cuentas.
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