FELICES PASCUAS SOLIDARIAS

 Sin temor a lo que vendrá, porque juntos somos más, Comisiones Obreras en Radiotelevisión Región de Murcia felicita las pascuas ¡y feliz 2021!

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CCOO PRESENTA ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY AUDIOVISUAL

Los cambios para una nueva Ley General de Comunicación Audiovisual no son suficientes ni adecuados. Comisiones Obreras ha presentado alegaciones para mejorar la norma. 

¿Por qué no nos gusta el anteproyecto?. Algunas razones:

☝ Hay que aclarar qué se entiende por pluralismo
☝ Hay que incluir indicadores para evaluar la prestación del servicio audiovisual
☝ Hay que establecer criterios para saber si un operador cumple o no con sus obligaciones
☝ Hay que definir el concepto de responsabilidad editorial y garantizar la libertad de expresión

CCOO ha presentado un documento de alegaciones al anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en el trámite de audiencia y de información pública, y en ese documento señala las principales deficiencias del texto. En opinión del sindicato, la armonización de la Ley General Audiovisual respecto a las obligaciones emanadas de la Directiva Comunitaria de Servicios Audiovisuales debe entenderse desde una visión amplia y ambiciosa y escapar de una armonización de mínimos.

CCOO viene señalando de forma reiterada cómo la prestación del servicio público adolece de algunas respuestas concretas, aspectos que deberían estar muy presentes en la reforma que nos ocupa, tales como contribuir a avanzar en un trabajo que permita aclarar de manera objetiva qué se entiende por pluralismo, ya que la propuesta apenas señala unas ideas generales; la inclusión de indicadores que permitan evaluar la prestación del servicio audiovisual, una asignatura pendiente que, con mayor o menor intensidad, está claramente resuelta en la mayoría de los países a los que afecta la actual directiva de servicios audiovisuales; o la determinación sobre qué indicadores o criterios se establecen si un operador cumple o no con sus obligaciones ante la sociedad, que no resuelve la mención que el anteproyecto de ley hace en su articulado.

Asimismo, CCOO considera que es imprescindible definir el concepto de responsabilidad editorial y asegurar la libertad de expresión, tal como establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir una información veraz.

 

Urge la creación del CEMA, de los consejos profesionales y de la protección de los medios públicos

En esa misma línea, debe aprovecharse la modificación de la Ley con el objeto de establecer indicadores de solvencia económica, calidad laboral y fomento de la profesionalidad exigibles a las productoras independientes que sean financiadas por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo.

La reforma debe aprovecharse para establecer la creación de los Consejos Profesionales de Informativos en todas las empresas que sean servicios de comunicación audiovisual en régimen de licencia, para permitir la participación y amparar los derechos de las y los profesionales relacionados con la información, así como garantizar la correcta diferenciación entre información y opinión, el derecho de réplica y regular la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

CCOO considera imprescindible una definición oficial de la misión de servicio público, que incumbe a los estados miembros conforme a su derecho interno teniendo en cuenta el concepto comunitario de servicios de interés económico general.

La definición, contenido y alcance del servicio público son elementos clave desde una doble perspectiva: por un lado, son esenciales para la legitimación democrática de los nuevos y viejos servicios, y, por otro, son centrales para determinar su conformidad con el derecho comunitario.

La garantía de dicha consideración comunitaria europea entendemos que pasa, en el caso español, por recuperar el modelo establecido originalmente en la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, por lo que se hace imprescindible la constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como autoridad independiente de regulación del audiovisual en España.

La programación básica de un servicio de interés general debida por prestadores privados (excluidos ahora del régimen de servicio público), incluye un conjunto de obligaciones nada despreciables, que son contrapartida a los derechos que la LGCA reconoce a estos prestadores, a los que se impone unas muy laxas regulaciones en materia de concentración y transparencia.

 

 

Derechos ciudadanos ante el medio audiovisual

De este modo, si desde la perspectiva del pluralismo externo no puede esperarse una verdadera diversidad de voces, al menos desde el punto de vista de los derechos del público, el actual régimen jurídico debe garantizar una programación respetuosa de los derechos de la personalidad, protectora de los y las menores y promotora de los derechos de la mujer, con un cierto grado de pluralismo de contenidos, limitada en el terreno comercial, y colaboradora con la cohesión y la identidad social y cultural a través de las cuotas de producción.

Con la Ley 6/2012 se procedió a la ruptura de un modelo de coexistencia de radiotelevisión pública prestadora del servicio público radiotelevisivo, con el de medios privados prestadores de un servicio económico de interés general, de tal manera que se posibilitó la gestión privada del espacio inicialmente reservado al sector público autonómico.

Como se señala desde el sector de Medios de Comunicación y la Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO, con el texto del anteproyecto no solo ‘se bendice’ la contrarreforma audiovisual del PP acometida en 2012, sino que se extiende como ‘una nueva vuelta de tuerca’ privatizadora al servicio público de comunicación audiovisual local, en la misma línea de las medidas legislativas acometidas recientemente por el Gobierno andaluz, el pasado verano, al extender la posibilidad de la gestión indirecta del servicio público audiovisual local, por parte de empresas privadas o fórmulas de carácter público-privadas.
 

CCOO, siguiendo con su línea de defensa del papel de la radiotelevisión pública estatal, señala que la nueva Ley debe respetar el articulado y contenido de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. La LGCA no debe constituir una ‘contrarreforma’ de lo establecido con la Ley 17/2006. También debería garantizar que la reforma de la Ley de Financiación de la CRTVE 8/2009 establezca un marco de financiación estable.

URGE REGULAR EL TELETRABAJO: LAS MUJERES PERIODISTAS PIERDEN MÁS CON LA COVID-19

Declaración del Consejo de Género

de la Federación Internacional de Periodistas,

a la que pertenece el sindicato Comisiones Obreras

#8M SIEMPRE

LAS CITAS EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

MURCIA Y CARTAGENA

ATENTOS, NOS MOVILIZAMOS #convenioaudiovisualdigno

 

Las patronales del Audiovisual bloquean el Convenio Estatal de Técnicos

Tres años de congelación salarial, jornadas abusivas y dilaciones de la parte empresarial movilizan a los sindicatos del sector

La disolución, a mediados de 2017, de la confederación de productores FAPAE obligó a los sindicatos a buscar nuevos interlocutores empresariales. Tras muchos esfuerzos, en diciembre de 2018 se constituye nueva mesa negociadora con las patronales más significativas del cine, la televisión y la publicidad*. A principios de 2019 se acuerdan nuevas tablas salariales para actualizar las últimas aprobadas en 2017, con un incremento del 6,09% de los salarios, sin que operase la compensación y absorción hasta los 35.000€ de salario bruto anual, lo que implicaba un subida salarial real para la mayoría de los trabajadores del sector, que venían arrastrando durante años la congelación de sus salarios. Era un primer avance para comenzar a negociar todo el texto de un convenio muy precario y que ha quedado muy anticuado.

El baile de las patronales del sector

Las tablas salariales no llegan a publicarse porque una nueva patronal, PATE (Productoras Asociadas de Televisión de España), formada por las grandes productoras (Mediapro, Secuoya, AtresMedia, Mediaset, Telefónica, Endemol…) las impugnó amparándose en la falta de legitimidad de las empresas firmantes. PATE conocía su contenido y no había comparecido en la mesa de negociación, si bien decidió boicotear el acuerdo salarial firmado, ya que consideró que perjudicaba los intereses de sus asociados. Una vez invitada a formar parte del convenio, en el que reclamó el 50% de la representatividad empresarial, su actitud ha sido en todo momento la de obstaculizarlo. Se ha negado sistemáticamente a volver a firmar las tablas acordadas en febrero de 2019; no ha respetado acuerdos anteriores como mantener el salario mínimo del convenio un 7% por encima del SMI; se niega a reconocer los acuerdos pactados a nivel estatal entre patronal y sindicatos como se venía haciendo (p.ej. el establecimiento de 14.000€ de salario mínimo de convenio anual). Pretende así dejar estancado un convenio colectivo que está a años luz de los precios de mercado y no recoge todas las necesidades de un sector emergente en materia de salarios, jornada, o conciliación, entre otras muchas condiciones laborales.

Los sindicatos presentes en la mesa, tras meses de prudencia e intentos vanos de alcanzar un acuerdo que permitiese actualizar en primera instancia las tablas salariales de 2017, han dicho "basta" cuando la patronal presenta el pasado mes de febrero una propuesta completamente alejada de la posición sindical y muy por debajo del fallido acuerdo de 2019. Si el empresariado entiende que el convenio pasa por salarios "novecientoseuristas" difícilmente se va a poder avanzar en otros aspectos laborales, por lo que la parte social ha decidido de forma unánime responder con contundencia, a través de una serie de acciones, a lo que estiman una auténtica tomadura de pelo por la representación empresarial, si ésta no cambian de actitud en la mesa negociadora.

Es hora ya de dignificar las condiciones laborales del sector de la producción audiovisual en España. ¡Basta ya de bajos salarios, basta ya de jornadas interminables, basta ya de no mirar por la salud laboral, basta ya de precariedad!.

FELIZ 2020: Todo por luchar, mucho por conseguir

25N Por todas

Comisiones Obreras participa en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer trabajando en la prevención y trato del acoso laboral y saliendo a la calle para mostrar que, con la solidaridad de todas y todos, podemos liberar a las mujeres de las cadenas de la agresión.

 

Bajo la pérgola del Jardín de Floridablanca (Murcia)

La profesora Gema Fabregat, formando sobre los protocolos contra el acoso laboral

El salón Abogados de Atocha (CCOO, Murcia) lleno en la mañana del 25N

Fuera las cadenas de la violencia machista (performance en la

No olvidamos: 25 de abril, cuatro años del Pacto del Moneo

Hace cuatro años nos preparábamos para una campaña electoral que llevaría el cambio al panorama político de la Región de Murcia. Y oliendo ese cambio Patricio Hernández, como presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, fraguó una alianza en la que los firmantes acordaron cambiar la Ley Electoral -para que fuese más justa en su representación-; no pactar con partidos que tuvieran imputados entre sus representantes y regular la acción legislativa popular.

                                               Vídeo del diario La Opinión de Murcia
No atendió a la invitación el Partido Popular, que en cambio anduvo activo en declaraciones falsas sobre lo que había de oculto en el acuerdo. Y Ciudadanos inauguró un modo de hacer que no ha abandonado: dijo sí, dijo no, dijo tal vez, e incluso llegó a decir que mostraba un apoyo “oral” pero no formal y firmado…

Quienes comparecieron en el salón del Edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia, un sábado 25 de abril sin claveles y con transparencia, ante los medios de comunicación, hicieron una pequeña historia de diálogo que no queremos olvidar.

En la foto de posado para la prensa en plan mosqueteros, de izquierda a derecha vemos a César Nebot, viviendo su breve aventura política con UPyD; Óscar Urralburu, que lideraba entonces como ahora Podemos en la Región de Murcia; el núcleo del pacto, Patricio Hernández; Rafael González Tovar, que actualmente termina su periodo legislativo como diputado socialista y entonces era secretario general del PSRM. Junto a él, encabezaba la lista de coalición Ganar la Región y de Izquierda Unida el añorado José Antonio Pujante.

Nos colamos

Y ocurrió que en la radiotelevisión pública (RTRM), y más particularmente en Onda Regional de Murcia (ya saben, la radio pública) llevábamos dos años luchando contra unos despidos injustos y batallando por una regulación más digna, más profesional, mejor dotada: medios no partidistas, modernos, adecuados a lo que los ciudadanos merecen.
El anuncio del Pacto del Moneo nos hizo la boca agua a los compañeros de CCOO en RTRM y, aprovechándonos sin piedad del tremendo sentir democrático de Patricio Hernández, pedimos permiso para, una vez concluido el acto, dirigirnos a los partidos y pedir su adhesión y compromiso a un decálogo de intenciones para cambiar los medios públicos en la Región de Murcia.
Estamos orgullosos de guardar esas cuatro firmas en nuestro archivo sindical.

Pero no, hay mucho pendiente

Mal que bien, el compromiso de variar la Ley Electoral en los primeros seis meses de legislatura se ha cumplido: vamos a estrenar una sola circunscripción y un umbral del 3 % para acceder a la Asamblea Regional, lo que resta distancias entre la ventaja de salida de los partidos grandes y los más modestos. Aunque solo fuera por eso, el gran esfuerzo del Pacto del Moneo mereció la pena.

 

En cuanto a la radiotelevisión pública, es otra historia: apenas se modificó la ley para conseguir que el director general de RTRM tuviese que obtener el beneplácito de la Asamblea Regional (de hecho, el actual Juan Manuel Aguado fue el primero en pasar por el trámite, y lo hizo con voto unánime y de consenso). Sin embargo, el auténtico cambio legislativo para dotar al servicio público de medios, independencia y solvencia se ha quedado en el camino. Ha habido mucho trabajo detrás, mucho empeño de PSOE y Podemos, y nuevamente un sí-no-espera-vale-que no… de Ciudadanos, que finalmente ha impedido despegar a RTRM.

Continúa la precariedad en la radiotelevisión pública

Durante estos cuatro años, ha continuado la concesión de la televisión al grupo privado que lidera Secuoya, cuyo último enfrentamiento empresarial con Televisión Murciana (una de las subcontratas que este modelo televisivo permite) ha enviado al despido a una treintena de trabajadores que realizaban el programa más visto y más querido, Murcia Conecta.
 

Onda Regional, la radio pública, donde nos empeñamos hasta el final en conseguir justicia, recuperó después de la sentencia del Tribunal Supremo a los trabajadores despedidos, culminando un proceso que ha costado muchísimo más dinero público del que supuestamente se ahorraba con el ERE de 2013.
No es el del Murcia el único caso. Conocemos bien las protestas de los trabajadores de RTVE, los viernes negros de la radiotelevisión pública de Galicia o la de Castilla La Mancha, el miedo a los despidos en Canal Extremadura… etc
La falta de libertad profesional o de medios suficientes para realizar un trabajo decente y en condiciones dignas hace de los medios públicos el títere del gobierno de turno y el partido político que lo sustente. No duden de que el nivel de democracia se mide mucho por la situación de los medios públicos.
Aquí recuperamos el enlace al manifiesto y decálogo que en su día comprometieron cuatro formaciones políticas. Si tienen la paciencia de leerlo, verán lo que queda por hacer (casi todo). 

Nosotros continuamos exigiendo su cumplimiento.

Salud y suerte

#EnAbrilFaltan40

Reproducimos el comunicado difundido por el Sector de Medios de CCOO-RM sobre cómo la ineficacia de la gestión indirecta del servicio público conduce al enfrentamiento empresarial, y cómo los trabajadores pasan de trabajar en precario y con sueldos reducidos al peligro de perder su puesto de trabajo...

Exigimos a la Administración que las buenas prácticas, la ética empresarial, sean valores preferentes a tener en cuenta para la adjudicación de concursos

EL SECTOR DE MEDIOS DE CCOO DEPLORA 

LOS 40 POSIBLES DESPIDOS 

DEL PROGRAMA “MURCIA CONECTA”

CCOO exige al GRUPO SECUOYA y a TELEVISIÓN MURCIANA

que solventen sus diferencias sin perjudicar a su personal

El sector de Medios de CCOO en la Región de Murcia deplora la guerra empresarial que deja sin empleo a 40 trabajadores y trabajadoras del programa Murcia Conecta, que emite la televisión pública autonómica La7. Se trata de una muestra más de una gestión nada eficiente del servicio público audiovisual, en la que la lucha de empresas privadas por optar a la próxima renovación de la concesión del servicio de televisión tiene consecuencias directas sobre productores, técnicos y periodistas, sobre sus trabajos y sus familias, y sobre la calidad del producto que ofrece a los murcianos la televisión pública.

Una vez que Televisión Murciana ha anunciado que optará a conseguir esa concesión, que debe renovarse dentro de un año, el Grupo Secuoya ha decidido prescindir de los servicios de la que es actualmente su principal subcontrata, y romper unilateralmente el convenio con Televisión Murciana para la realización del programa Murcia Conecta.

El último informe realizado por el Ente Radiotelevisión Región de Murcia, encargado de controlar el cumplimiento del contrato-programa suscrito con el concesionario Grupo Secuoya, muestra que no existen razones de audiencia para finalizar la emisión de Murcia Conecta. Muy al contrario, se trata de un espacio que duplica ampliamente la obtenida por 7tv durante todo el pasado año (2,9 %) con una media del 6,5 % y máximos del 15 %. La fórmula y los medios técnicos del programa - tanto por la información de proximidad como por su cota de calidad- han obtenido la realización de un espacio similar en la pública valenciana À Punt.

La decisión del Grupo Secuoya tiene como consecuencia que 40 personas pierdan el trabajo que vienen desarrollando con gran profesionalidad y éxito en Televisión Murciana, a pesar de las condiciones de precariedad sufridas desde hace años en una compañía sin convenio colectivo vigente, con condiciones de contrato cuestionables y con salarios muy por debajo de categorías equivalentes en otros medios de comunicación. Mientras Televisión Murciana entra en competencia frontal con el Grupo Secuoya, no parece haber pensado en un plan de contingencia para sus empleados de Murcia Conecta, que en los últimos años han supuesto, además de ingresos económicos apreciables, una fuente de reconocimiento social y prestigio profesional.

En cuanto al papel del Ente Radiotelevisión Región de Murcia (RTRM), está limitado por la normativa legal a mero controlador de audiencias y horas de emisión pública de la concesión televisiva, carece de competencias de contratación o sanción, y viene enfrentándose a la falta de transparencia y franco desprecio por parte del Grupo Secuoya, tal y como consta en el informe citado y presentado por la dirección general del Ente ante la Asamblea  Regional, donde se relata cómo la Consejería de Hacienda es el único organismo con capacidad para establecer ese tipo de condiciones, llegándose a afirmar que: “Desde el punto de vista efectivo, el papel actual de RTRM es, simplemente, el de una pantalla decorativa que oculta el hecho de que la televisión pública autonómica está directa y exclusivamente controlada por el Gobierno autonómico, contrariamente a los presupuestos de la LGCA (Ley General de Comunicación Audiovisual)”.

Respecto a los grupos políticos emanados de las elecciones autonómicas de 2015, tuvieron un loable impulso de reforma, que llevó a la Asamblea Regional la propuesta de elección del director general de RTRM, pero no consiguieron acuerdo para llevar más allá esos cambios legales, principalmente para ampliar la gestión pública directa de la televisión y para encarar un modelo de radiotelevisión pública que atienda al presente y al futuro, donde nuevos públicos y nuevos profesionales deben atender a las necesidades del derecho fundamental a la información. Y deben hacerlo desde un puesto de trabajo digno, para ofrecer la mejor calidad al ciudadano.
Ahora, en vísperas de elecciones, queda de manifiesto un trabajo sin hacer y promesas sin cumplir.

Desde el Sector de Medios de CCOO-RM exigimos

• Al Grupo Secuoya y a Televisión Murciana que, en aras de la buena práctica empresarial, solventen sus diferencias sin que haya merma de puestos de trabajo.
• A los partidos políticos que, de modo urgente y público, expresen su solidaridad con los más perjudicados por esta situación, los trabajadores que pierden sus empleos.
• A los candidatos autonómicos de los partidos, que expresen su compromiso con una radiotelevisión pública plural, digna y cumplidora en todos sus extremos con la legislación laboral.
• Al gobierno regional que apoye decididamente la transparencia y la ética empresarial en las empresas que, directa o indirectamente, dependen del dinero público, tal y como obligan los distintos pactos suscritos con empresarios y fuerzas sindicales.

A toda la ciudadanía y cargos públicos, rogamos que no olviden que unos medios públicos fuertes e independientes de los poderes son motor e indicador de la calidad democrática de los pueblos.

Historia de la lucha sindical: hace un siglo

La Escuela Sindical de Comisiones Obreras ha preparado material para recuperar la memoria histórica de la lucha por los derechos de los trabajadores. En este enlace, la movilización en la empresa La Canadiense:

La Compañía Eléctrica De Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida como La Canadiense va a la huelga el 5 de febrero de 1919 en solidaridad con 8 despedidos en oficinas. Pronto toda la plantilla se declaraba en huelga y el conflicto se extiende a todo el sector eléctrico y gran parte de otros sectores, paralizando el 70% de la industria de Cataluña. Se prolonga durante 44 días y paraliza los tranvías, los diarios, la distribución de aguas… 

El Capitán General Milans del Bosch decreta la militarización, y se encarcela en Montjuic a 3.000 trabajadores. A mediados de marzo, se declara el estado de guerra y el control de los medios de comunicación. La huelga finaliza tras un acuerdo que supone la libertad de los presos, la readmisión de los despedidos, la jornada de ocho horas, el aumento de salarios y el pago de la mitad de los días perdidos en la huelga. El acuerdo se acepta tras ser explicado ante 20.000 trabajadores y trabajadoras en la plaza de toros de las Arenas por el dirigente sindical Salvador Seguí (Noi del Sucre). La huelga de La Canadiense es recordada como un gran triunfo de la clase trabajadora y como modelo de organización del sindicalismo. España es el primer país del mundo en establecer por ley la jornada laboral de ocho horas.