El gobierno de Cataluña ha optado por el mínimo ahorro que supone prescindir de trabajadores sacrificados y en precario. Con esta decisión, desmantela la red local que mejor justifica el servicio público de un medio de comunicación autonómico.
Los recortes nuevamente se producen en contra del derecho ciudadano, porque en vez de invertir y aumentar la formación y cualificación de los corresponsales para mejorar la situación laboral y el servicio que prestan, la Administración prescinde de la conexión informativa más cercana
Catalunya Ràdio prescinde de los corresponsales comarcales
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