El servicio público de radiodifusión en Cataluña lleva meses amenazado por los recortes, y tratando de amedrentar a la plantilla de trabajadores con rumores, tanto internos como externos mediante la filtración de informaciones tergiversadas en ciertos medios de comunicación.
En todas las autonomías se está siguiendo parecida estrategia: en unos casos de modo más salvaje, en otros más sibilino, pero en todos con idéntico propósito: acabar con el servicio público de información que sostiene el ciudadano con sus impuestos, y que se debe al ciudadano.
Ni la policía, ni los servicios sanitarios, ni las escuelas o institutos son negocios por sí mismos, igual que el servicio público informativo. Son, ante todo, derechos básicos recogidos en la Constitución Española, y su mala gestión por parte de los administradores se está utilizando para servir de coladero a empresas concretas, con dueños concretos, que tienen muy bien calculadas sus ganancias (privadas, a costa de lo público). Os aconsejamos la lectura de este artículo:
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