LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO EN LA RADIOTELEVISIÓN DE LA
REGIÓN DE MURCIA LAMENTA EL ESCASO Y MEDIOCRE CONTRATO-PROGRAMA APROBADO POR EL
GOBIERNO REGIONAL, QUE NO ATIENDE LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA LEY Y HURTA AL
CIUDADANO EL DERECHO A UNA INFORMACIÓN PÚBLICA VERAZ, DIGNA Y DE CALIDAD
El Contrato-programa de RTRM,
aprobado el 2 de agosto de 2013 por el Consejo de Gobierno, incumple la ley al pervertir el
sentido de “servicio público”, inherente a
todos los objetivos generales de la radiotelevisión pública, y
limitarlo a un horario, fuera del cual pueden incumplirse criterios de calidad
y contenidos. Según el texto aprobado por
el ejecutivo, la televisión tendrá programación de servicio público de 8 a 9;
de 14,30 a 15,30 y de 18,30 a 22 horas de lunes a viernes, y en la radio de 7 a
22 horas. De este modo, la 7Región de Murcia puede emitir programas reality
o teletienda por la mañana o por la
noche, sin más límite que la financiación privada. Pensemos que, si el servicio
público policial se definiese por su horario, los delincuentes tendrían una
jornada libre para sus propósitos; o si así ocurriese con la sanidad, los
ciudadanos carecerían de atención médica fuera del horario marcado como
servicio público.
Igualmente grave es la
insistencia del texto en que RTRM tiene una “línea editorial institucional”. Ningún documento similar, como el contrato programa
recientemente aprobado por el gobierno de Aragón o el de Valencia, contiene
nada parecido. En vez de ello, esos textos aluden a la preferencia por dar
cobertura informativa a las instituciones. Es muy distinto informar de lo que
hace la Asamblea Regional o el gobierno autonómico que ser su portavoz, misión
que ya cumplen los respectivos gabinetes de prensa y que el contrato programa
murciano atribuye a la radiotelevisión pública.
Las Aportaciones realizadas por el Comité de Empresa (formado por UGT y CCOO) al primer borrador del contrato
programa sólo se han tenido en cuenta para incluir alusiones genéricas a la
reserva de espacios para las minorías, grupos con discapacidades, promover la
igualdad social… etc, pero sin establecer ningún segmento o porcentaje
concreto. En cambio, Murcia vuelve a distinguirse del resto de
radiotelevisiones autonómicas al obligarse a reservar espacios semanales a las
confesiones religiosas con mayor
implantación, propósito más que llamativo en una comunidad perteneciente a un
Estado aconfesional constitucionalmente.
Comisión para “controlar el servicio público”
La nueva estructura de RTRM,
estrenada hace pocas semanas, tiene su reflejo en este contrato programa con una
comisión de control del servicio público cuyas funciones no se detallan, y
cuyos componentes son exclusivamente políticos: dos miembros del gobierno (el director general del Patrimonio y el
director general de Comunicación) y el director general de RTRM –nombrado por
el propio gobierno autonómico-. A ellos se añade como secretario el jefe de ese
nuevo “departamento de control”.
En cuanto a la elaboración de un
Manual de Estilo, que también se menciona, nada se dice de quién, cómo y en qué
plazo habrá de realizarse. Curiosamente, sí se establece la vigilancia
externa del Colegio de Periodistas y “otras asociaciones” que no se
especifican, para examinar el contenido de las informaciones, “preferentemente
en periodo electoral”, sin tener en cuenta
que son las juntas electorales las que establecen los espacios correspondientes
para las campañas políticas, y obviando la profesionalidad de los trabajadores
que vienen realizando ese trabajo –particularmente en Onda Regional de Murcia
desde 1990- con la unánime felicitación reiterada de todas las fuerzas
políticas implicadas en cada ocasión.
En cuanto al presupuesto,
parece tener una razón basada más en un titular periodístico de campaña
electoral que en el cumplimiento de los
objetivos marcados por la ley, cuando establece no gastar más de 10 € por
ciudadano de la región cada año, argumento sin base profesional que no responde
a necesidades reales de contenidos. Es un presupuesto que escamotea la
realidad, puesto que la televisión autonómica, desde que el gobierno rescindió
hace un año el contrato con la empresa GTM –lo que llevó al desempleo a 260
trabajadores- acumula una deuda que, tras llegar a un acuerdo con GTM,
conllevará un gasto global de 20 millones para evitar sus demandas.
Nada se dice tampoco de cuánto dinero
costarán los estudios de audiencia que se exigen en el contrato-programa, ni de
cómo solventar el deterioro de la programación que ha sufrido la radio Onda
Regional después de un ERE que ha desmantelado la programación generalista
exigida por el Mandato marco al despedir 19 compañeros, a los que se unirán 9
más en diciembre.
No se explica qué personal
atenderá los canales web que deberán tener tanto la radio como la televisión
públicas, ni cómo se cubrirá la información, con corresponsales o delegaciones,
de los 45 municipios de la Región.
Esta sección sindical considera que el contrato programa
prolonga una mala administración pública, particularmente heredada de la
televisión autonómica, y arrastra en esa caída el trabajo que, de modo
económico y competente, ha desarrollado el personal administrativo y de la
radio Onda Regional de Murcia durante más de 20 años. Los trabajadores
seguiremos luchando por un servicio público digno, basado en el mantenimiento
de los puestos de trabajo. Recordamos que el día 24 de septiembre se producirá
el juicio en el que el comité de empresa reclama la nulidad del expediente de
regulación de empleo que en los últimos meses está produciendo tantas protestas
y, al tiempo, muestras solidarias de personas e instituciones de todo signo.
