La modificación
de la Ley Electoral de la Región de Murcia incluye, en sus
apenas seis páginas, cambios significativos más allá de la
organización del voto. Se ocupa también de que haya debates durante
las campañas electorales, con lo que gestiona los contenidos
periodísticos de los medios de comunicación públicos
audiovisuales, a saber: la delegación territorial de la corporación
RTVE y Radiotelevisión Región de Murcia (radio y televisión, en
ambos casos).
Los cambios en el
artículo 26 de la ley suponen, por un lado, la distribución de
espacios de propaganda gratuita, teniendo en cuenta la representación
obtenida o no en las anteriores elecciones con esa marca mínima y
nueva del tres por ciento. Pero además, y aquí está lo netamente
periodístico, se establece la obligación de celebrar al menos
un
debate entre quienes encabecen todas las listas presentadas que ya
tuvieran representación parlamentaria, y se podrán celebrar
debates entre todas las candidaturas proclamadas. Todos estos debates
se regirán por los principios de igualdad de oportunidades y
equidad.
 |
| Artículo de Ana Reviejo, miembro de la sección sindical CCOO-RTRM |
Es
decir, existe el mínimo insoslayable de un debate con los partidos
que dispongan de escaños, y la posibilidad -el permiso que otorga la
ley- de otros debates con más partidos, aunque no estén aún en el
Parlamento. Ahora bien, ¿cómo organizar el contenido y distribución
de turnos en esos debates?. La ley dicta que se ocupe de ello la
Junta Electoral Regional.
Es
evidente que, hasta ahora, en los medios audiovisuales
públicos
de Murcia no ha existido una orientación profesional independiente a
la hora de organizar la información sobre las campañas electorales.
No
se tiene en cuenta qué es noticioso o relevante informativamente
para los ciudadanos, sino que se organiza a priori un tipo de
programas (entrevistas, boletines) cuya duración proporcional tiene
que ver con el número de diputados. Para diferenciarlos de los meros
anuncios publicitarios, digamos que se establece una serie de
“publirreportajes”, aunque no se denominen así.
Si
hubiera habido, en los años democráticos, orientaciones
profesionales, no habría existido esa discusión permanente sobre
los debates y su necesidad o no. Al contrario, habría debates, y de
todo tipo, con normalidad. Resulta ahora bien llamativo que tengan
que meterse a periodistas jueces y politicos, pues a tenor de la
nueva ley electoral tenemos que:
-
El poder legislativo, en esa ley, marca unos determinados contenidos (los debates)
-
El poder judicial, según indica la misma norma, pondrá límites y distribuirá los tiempos de tales contenidos.
He
aquí una muestra de la evolución errada de los medios de
comunicación públicos ligados a las instituciones y gestionados
como si fueran sus portavoces, cuando esa labor ya la llevan a cabo,
con abundancia y eficacia, los gabinetes de prensa.
Los
que tanto se fijan en los niveles de audiencia para criticar la falta
de apego ciudadano a esos medios, deberían reflexionar sobre la
ausencia de criterio profesional y gestión deformada que se hace de
las radios y televisiones públicas. No interesan porque realmente no
informan ni facilitan canales que amplíen la visión crítica de la
sociedad que construimos.
Que
haga falta una ley para que sea obligatorio ofrecer puntos de vista
contrastados en campaña electoral significa entre otras cosas, para
los medios, un fracaso profesional; para los ciudadanos, ausencia de
influencia en quienes legítimamente deben servir para hacer efectivo
el derecho a la información; para los políticos, un pluriempleo al
que se están mal acostumbrando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario