miércoles, 6 de noviembre de 2013

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE VALENCIA, CONTRA EL CHANTAJE Y LA AMENAZA DEL PP

La sección sindical de CCOO en Radiotelevisión Región de Murcia expresa su solidaridad con los compañeros de Radiotelevisión Valenciana que, después de meses angustiosos en defensa de sus puestos de trabajo, una vez que la justicia ampara sus derechos declarando nulo el expediente de regulación de empleo, deben enfrentarse a una nueva amenaza, la del cierre de la empresa.

No es una amenaza nueva en nuestro país: también exhibió iguales modos el presidente de Madrid frente a la demanda judicial de los trabajadores de la radiotelevisión de la comunidad madrileña. Aquí en Murcia, donde soportamos un ERE que aún no ha terminado (algunos compañeros están soportando el "efecto cospedal" con un ERE diferido), también se siente la influencia de ese miedo que, como una mala niebla, quiere asociar perversamente una sentencia favorable a las justas demandas de los trabajadores con el cierre de una empresa.

En realidad, lo que desean es cerrar todo lo posible, sí, la empresa pública, pero mantener abierto siempre un canal en el que realizar su telepropaganda, y hacerlo a través de una gestión indirecta que reparta jugosas ganancias entre sus empresas amigas. Es la misma línea que el gobierno del PP sigue con la Sanidad y su progresiva privatización, o con la Educación y el favorecimiento a los centros concertados.
Menos servicio público, menos control público, empleo más precario... es una secuencia que alimenta el deterioro del derecho fundamental a la información libre, veraz, de calidad, exigible a los medios sustentados con el dinero que los ciudadanos aportan mediante los impuestos.


Ya esta bien de mentir, de afirmar que mantener un medio informativo público es un despilfarro, o de sugerir que su presupuesto está limitando otros servicios básicos, como el sanitario o el educativo.
Ya está bien de aguantar que la mala gestión, el reparto de prebendas a los correligionarios, la defensa de intereses inconfesables (algunos investigados en los tribunales) se intente hacer pagar sobre trabajadores cuyas familias dependen de su nómina, un salario normal y corriente, para salir adelante cada día.
Ya está bien de amenazas y chantajes.

Exigimos que el gobierno del PP sea el gobierno del pueblo al que representa, que deje de agredir, que negocie por la supervivencia y la prosperidad de los servicios públicos que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar.
Exigimos que la justicia actúe de oficio para preservar que no se conculquen esos derechos.

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