Este
jueves ha marcado un nuevo rumbo de esperanza para la radiotelevisión
pública estatal, para RTVE. Después de tanto tiempo deshaciendo un
modelo informativo profesional, veraz y apoyado por los ciudadanos,
el trabajo de los partidos de oposición ha tenido un fruto
parlamentario más, a pesar de las tentaciones que el PP, que solo se
siente cómodo con mayoría absoluta, ha ido sembrando con enmiendas
parciales en el Senado. Finalmente, con mucho trabajo se
han recuperado las fórmulas, más democráticas, más profesionales,
de hace más de diez años... y aún queda tanto por hacer.
¿Sería
posible iniciar un camino parecido en Murcia, conseguir una radio y
una televisión públicas de las que los ciudadanos se sintieran
orgullosos?. Hace justo un año que la Asamblea Regional vio nacer
y morir el intento de crear una nueva ley para la radiotelevisión
pública autonómica. Meses de negociación que quedaron en nada
y en un patético adelante/atrás del grupo Ciudadanos, que justificó
su apoyo (dos veces) y retirada (otras dos, en dos días) al proyecto
defendido por PSOE y Podemos, afirmando que al
final tenemos ese problema, es lo que tiene ser un partido de centro,
unas veces se enfadan ustedes, otras veces se enfada el PSOE y otras
veces se enfada Podemos, y eso lo que nos hace es estar cada vez más
convencidos de nuestra forma de trabajar
(sic). Frente al objetivo del consenso, el
portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez,
expresaba como “valor” justo lo opuesto: no contentar a nadie. La
democracia es así, y la situación de la Asamblea Regional permite
que, sin hacer nada, es decir, absteniéndose, cuatro personas puedan
decidir el curso de una iniciativa.
El
problema es, sobre todo, la gestión indirecta, a través de una
empresa privada, de la televisión. La sesión de pleno del 22 de
septiembre de 2016 ofrece una lectura triste, en la que el
portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, lamenta los
incumplimientos legales, la manipulación de la televisión pública
y la precariedad de los trabajadores de la concesionaria Secuoya, más
los dependientes de las correspondientes subcontratas (el empleo
es precario porque el concurso a la baja, temerario, de Secuoya en el
año 2015 se ha cargado sobre las espaldas de los trabajadores).
Sobre ello abunda Emilio Ivars, del PSOE, que ataca la línea
de flotación argumental del gobierno regional cuando defiende que el
modelo de rtv pública es bueno porque es barato: ¿Y quién se
está beneficiando? Señorías, cuentas anuales de Central
Broadcaster Media 2015. Están a su disposición, igual que las he
conseguido yo -afirmaba Ivars- 1.777.000 euros de beneficio
neto después de impuestos y un salario para el único alto directivo
que tiene la empresa de 215.000 euros. Háganse mirar si ustedes son
capaces de decir que unos trabajadores cobren 400 euros y otros se
enriquezcan a costa del dinero público, háganselo mirar.
A
esa precariedad salarial debe añadirse una indefensión que parece
cosa de otros siglos, pues los trabajadores de la empresa
concesionaria de La7 carecen de comité de empresa, no tienen
representantes ante la dirección del medio que puedan actuar en
nombre de sus compañeros con la protección que otorgan la Ley de
Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. Cuando el
diputado Javier Iniesta, del PP, rechaza las propuestas de unos y
otros, y alude a un comunicado de los trabajadores de la 7 que
critica el proyecto de reformar la ley, se refiere a un
escrito cuya confección y firma posiblemente lleven detrás más
vergüenza que valentía.
Es
evidente que el negocio de la televisión pública de Murcia se hace
a costa de los trabajadores.
Si el presupuesto es barato, ¿cómo conciliarlo con los beneficios
de los que presume el dueño de la empresa?. Hace tan solo unos días
hablaba de ello Raúl Berdonés, alma
y vida de Secuoya, recientemente galardonado con el premio a
empresario joven y emprendedor: De
lo que me he sentido más orgulloso fue de la 7tv de la región de
Murcia. En el montaje, en el diseño de la televisión....
Llamativo,
por otra parte, que no haya corregido un texto en el que aparece
retratado como propietario
de dos canales (TEN y la regional murciana 7tv).
Y su gran secreto: el
100% de la televisión de Murcia la estamos haciendo con 90 personas.
En Extremadura o Castilla La Mancha tienen televisiones con más del
triple de personal.
Conclusión:
desconoce el señor Berdonés que su paso por Murcia debe cumplir
unas condiciones plasmadas en un contrato-programa revisable cada
tres años, y que su empresa está desarrollando un proyecto del que
son dueños los ciudadanos de esta región. En cuanto al tratamiento
informativo de la tele, las condiciones laborales, transparencia,
calidad de contenidos... no existe un auténtico control.
Hace
un año,
el socialista Emilio Ivars comenzaba su defensa de una nueva ley con
preguntas retóricas: ¿Quién
puede decir no a una mayor pluralidad e independencia en los medios
públicos de comunicación, quién puede decir no a la existencia de
un consejo de informativos, quién puede decir no a la existencia de
un consejo asesor, quién puede decir no a una mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores?.
Pues bien, no solamente la mayoría del parlamento murciano ha dicho
no, por acción u omisión, a la reforma de una ley insuficiente,
obsoleta e inadaptada a la realidad del audiovisual público actual,
sino que lamentablemente el final del discurso de Ivars, justo ahora
hace un año, deviene profético: de
poder evaluar el desarrollo de una ley, si la aprobáramos la semana
que viene, van ustedes a propiciar que ni se pueda desarrollar ni se
pueda evaluar, y allá por el año 2020 a ver qué pasa, a lo mejor
incluso algún grupo no tiene ni grupo parlamentario para poder
debatir esta ley.
Qué
buena región tendríamos si nuestros gobernantes mirasen más allá
de la fecha electoral. A lo mejor hasta el tren llegaría a Murcia
bajo tierra.
