Asamblea Regional: por unanimidad, NO AL ERE en RTRM y ONDA REGIONAL

Tres años de lucha por la restitución de los derechos de los trabajadores despedidos en Radiotelevisión Región de Murcia, en especial en la radio Onda Regional, han cristalizado en la moción que hoy han suscrito por unanimidad los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional.

Es una moción que pide al gobierno el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que considera no ajustado a derecho el ERE practicado en el año 2013. A la votación han asistido miembros del comité de empresa de RTRM, de la sección sindical de CCOO y algunos de los compañeros despedidos. La gran cantidad de cuestiones a solventar hoy en la Asamblea han conducido a una lectura apresurada por parte del secretario, que ni siquiera ha ocupado los dos minutos necesarios para la exposición de motivos (puede verse aquí Lectura de la moción por parte del secretario de la cámara). Y es importante porque, como puede leerse en el texto, se asumen los argumentos del Supremo en el sentido de que no se practicó el ERE para ahorrar, no se respetaron los derechos laborales de los trabajadores, y el servicio público de la radio se ha visto comprometido y menospreciado, con lo que al perjuicio personal de empleados experimentados, ligados a Onda Regional durante muchos años, se une el perjuicio a la ciudadanía, privada de una programación digna, completa y adecuada. Dice la moción que es "imperante" la necesidad de restituir a la radio una plantilla suficiente.

Eso sin contar (no lo pone en la moción, pero es importante) la mala gestón económica que supone el despilfarro del presupuesto público en un despacho de abogados privado que ha gestionado, tanto el ERE como los sucesivos y costosos recursos judiciales.

Ha habido en fin unanimidad y, por tanto, aplausos y saludos ( véase Votación y aplausos). Después, la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, se han acercado a saludar y a explicar intenciones que no pasan, como sería deseable, por tomar decisiones rápidas en el sentido aprobado por el parlamento, sino más bien por esperar a examinar caso por caso -persona por persona-, mientras el camino judicial sigue su lento andar y va fijando los juicios de las demandas individuales. El gobierno regional afirma que todo va mejor, que no hay que mirar atrás porque una suerte de optimismo espontáneo debe hacernos confiar en que la situación cambie de color. Habla el ejecutivo de tiempo para echar cuentas, de tiempo para nombrar un nuevo equipo directivo.

No deberían olvidar que el tiempo, efectivamente, pasa, pero para dar la razón a los trabajadores. De momento, queda la satisfacción de que el grupo popular, el mismo cuyo partido en el gobierno practicó el expediente de regulación de empleo en el año 2013, haya suscrito con su firma el reconomiento de una decisión errada por la que trabajadores y ciudadanos aún piden cuentas.

Je Suis Bruxelles

READMISIÓN YA EN LA RADIO PÚBLICA DE MURCIA

La Sección Sindical de CCOO en RTRM exige la inmediata reincorporación a sus puestos de los trabajadores despedidos en el año 2013 mediante un ERE injusto e innecesaro que el Tribunal Supremo ha dictaminado que no se ajusta a derecho.

Casi ocho meses después de esa sentencia, hoy el alto tribunal responde a una petición de aclaración de los términos en que se debe cumplir afirmando que su fallo está claro: el ERE no está ajustado a derecho.
Lamentamos que nuestros compañeros hayan sufrido estos años un sacrificio que no sólo ha sido estéril, puesto que no ha supuesto ahorro ni mejora para RTRM, sino que además ha mermado y puesto en peligro la capacidad de Onda Regional de Murcia para cumplir el mandato de servicio público radiofónico que la sociedad murciana le dio a través de la Asamblea Regional.
Durante todo este tiempo los representantes de los trabajadores hemos contado con la comprensión y el apoyo públicos de los partidos de la oposición: primero, Izquierda Unida y PSOE; actualmente, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pero el servicio público es de todos los murcianos, a quienes debe el trabajo de más calidad, más allá de partidos, instituciones y gobiernos. Todos deben sumarse a este propósito.

Invitamos, cordial pero enérgicamente, a los cuatro grupos parlamentarios para que insten al Ejecutivo Regional a que adopte las medidas necesarias para la inmediata readmisión de los despedidos, como primer paso para el relanzamiento del servicio público de radiodifusión que la ley establece y la sociedad merece.

No al ERE

NADIE ME CREE

Me encanta que se hable sobre la libertad de expresión. Sí, ya sé, idealmente no debería ser necesario hablar de ella si estuviese asegurada pero, dado que la manipulación está ahí, al menos es un signo de salud democrática que hablemos del asunto.

Tres son los asuntos de actualidad que relacionan medios de comunicación y políticos aquí en Murcia: dos tienen que ver con la radiotelevisión pública, el tercero con la web municipal del ayuntamiento de Cartagena.

Primera cuestión: habla el Consejo de Administración de Radiotelevisión Región de Murcia, cuya composición ha cambiado con las últimas elecciones autonómicas. Los representantes designados por el PP son minoría (3) frente a la oposición (2 PSOE, 2 Podemos, 2 Ciudadanos). Y en su última reunión, el lunes pasado, decidieron suscribir un comunicado crítico con el programa Murcia lo primero del 2 de noviembre (se puede ver pinchando el enlace sobre el nombre del programa). Los consejeros dicen, entre otras cosas, que durante 1 hora y 20 este espacio se limita a loar las medidas valientes y estratégicas adoptadas por el Presidente de la Región y su equipo, sin rastro de sentido crítico, sin ningún tipo de equilibrio, sin análisis y rigor. Además de lo dicho por el Consejo, el partido Ciudadanos ha decidido llevar el caso ante la Junta Electoral: no les parece de recibo que la televisión pública no sea imparcial. Y Podemos ha tenido a bien desligar los contenidos del quehacer de los profesionales, cuyo criterio poco o nada se tiene en cuenta.

Más allá de las lógicas suspicacias preelectorales, hay que examinar la realidad de una legislación muy criticada por los representantes de los trabajadores en RTRM por su falta de visión profesional y por la ligazón que establece con el gobierno de turno. Esa legislación, plasmada en un Contrato Programa, deja la televisión en manos de una empresa privada (Secuoya) a cambio de un dinero (12 millones de euros al año). En él se contienen indicaciones como que la información debe ser "objetiva e institucional", términos contradictorios donde los haya. Son los gabinetes de prensa de las instituciones, y no la radiotelevisión pública, quienes deben ocuparse de difundir en positivo la información que generan sus respectivos organismos. En este sentido, La 7 estaría cumpliendo su obligación contractual, al informar de los cien días que lleva en acción el Consejo de Gobierno, institución que detenta el poder ejecutivo.

No existe, ni en el Contrato Programa ni en el Mandato Marco que desarrolla la Ley de RTRM, previsión para que un Consejo Audiovisual independiente vele por la calidad de contenidos e información. Antes bien, se alude a las asociaciones profesionales y, en especial, al Colegio de Periodistas, como asesores posibles para indicar a los trabajadores cómo hacer las cosas (algo así como si el Colegio de Médicos fuese consultado para dirigir correctamente el hospital de la Arrixaca). Que el actual decano del Colegio de Periodistas fuese durante unos años consejero portavoz del gobierno regional del PP, o que en la Junta de Gobierno de ese mismo Colegio y en la vicepresidencia de la Asociación de Profesionales de Radio y TV figure el actual encargado de "vigilar" el servicio público de La7 desde el ente administrativo de Radiotelevisión Región de Murcia deben ser... felices coincidencias para que todo quede en casa.

Segunda cuestión: en tanto los grupos políticos de oposición protestan por lo que sale en la tele pública, el Partido Popular inicia acciones contra los cambios aplicados en la Web del ayuntamiento de Cartagena. El alcalde de la ciudad, de oratoria más que atrevida, avisó de que iba a enmendar la plana a quien no dijese verdad... y de ahí se han derivado todo tipo de enfrentamientos. Pero el PP va más allá. Ha preparado para su defensa en el pleno del próximo jueves, en la Asamblea Regional, una Moción sobre defensa de la libertad de prensa en la que prácticamente solicita que el parlamento se pronuncie sobre el cierre de esa web, pero apoyándose, no en argumentos sobre el buen uso de las páginas institucionales, sino en el supuesto ataque que se hace a los periodistas. 

Nuevamente se menciona un organismo, el Colegio de Periodistas, quejoso con el uso de dicha web. ¿Qué decir de ello?. No sólo resulta escandaloso tratar de hacer cómplices a los profesionales de la información en un ataque claramente partidista contra el gobierno municipal, basado actualmente en una coalición entre Movimiento Ciudadano y PSOE, sino que presentar tal moción parece una estupenda desfachatez por parte del partido que más ha presionado, a través de sus gabinetes de prensa institucionales, a los medios de comunicación, inundados desde hace años con notas de prensa que han alimentado la guerra del agua y que constantemente acaparan los espacios informativos con agendas de miembros del gobierno que más parecen notas de sociedad. Hay asuntos especialmente feos, como la utilización de la cuenta de twitter y facebook del 112, útil y necesario por informar de las emergencias que se atienden, y que en los últimos meses ha ido acogiendo graciosamente menciones sobre las visitas de presidencia, directores generales y consejeros.

Y la tercera: el debate de esta moción será seguido, según el orden del día del pleno, de la elección del director general de Radiotelevisión Región de Murcia. Es algo novedoso, debido a un reciente cambio de ley (a instancias del Partido Socialista) que obliga a que los grupos parlamentarios voten por mayoría su designación. 

Será un ingrediente más para alimentar una polémica que, en conjunto, nada tiene que ver con lo que interesa al ciudadano: la correcta gestión de los servicios públicos que paga con sus impuestos; la necesidad de controles profesionales en el suministro informativo y, en fin, la confianza en lo que se cuenta y cómo se cuenta.

Después de años de mediocridad y de progresivo empobrecimiento de los contenidos públicos, es muy difícil que los espectadores, oyentes y lectores tengan el suficiente conocimiento de causa como para asistir a este espectáculo con cierto criterio. Vamos, que es difícil que alguna de las voces que están sonando cuente con credibilidad y obtenga su confianza. Yo misma, a ratos, no me creo nada.

-Ana Reviejo- Vocal de la sección sindical de CCOO en RTRM

CINCO AÑOS, Y LOS QUE VENGAN

Celebramos cinco años, los que constan oficialmente desde que se inscribió la sección sindical de Comisiones Obreras en Onda Regional de Murcia primero y, después, con la refusión de la reducción (ufff) de Radiotelevisión Región de Murcia. 

Seguimos en la radio, lo único público en los medios de comunicación autonómicos, aunque el nombre de la empresa sea un poco más largo... 

Brindamos por el derecho a tener trabajo y a desarrollarlo de un modo digno. Porque otra radiotelevisión pública es posible y necesaria para la democracia

NUEVO DIRECTOR DE RTRM, EN CAMPAÑA

El cambio en la ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia, aprobado por la Asamblea Regional el pasado 22 de octubre, ha entrado en vigor una vez publicado por el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Se refiere exclusivamente al modo de elección del director general de RTRM y a los motivos de su cese en el cargo, y pone fecha al fin de la actual dirección de la empresa.

Toma mayor protagonismo el parlamento, en tanto el Consejo de Gobierno seguirá siendo el responsable del nombramiento "entre personas de reconocido prestigio", pero su designación "corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los distintos grupos parlamentarios". Y será elegido el que obtenga dos tercios de los votos en primera instancia, o mayoría absoluta en un plazo que no debe sobrepasar una semana.

A ello se añade además una modificación entre los posibles motivos del cese del director general, que añade dos muy significativos: la revocación por la Asamblea Regional (por mayoría absoluta) o la petición del cese por el Consejo de Administración (dos tercios). Estos cambios son producto evidente del actual panorama legislativo: el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Regional (por un diputado), y en el Consejo de Administración el PP tiene un tercio de la representación (tres de nueve miembros)

Por lo que a los plazos se refiere, el nombramiento queda ligado a los dos primeros meses de cada período legislativo. Una vez superado ese tiempo a día de hoy, se ha incluido una disposición transitoria que marca a su vez dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para designar el nuevo director. Por tanto, deberá ser aprobado el nombramiento antes del 1 de enero de 2016.  Una vez designado, tendrá un efecto inmediato, también, sobre la dirección de la radio Onda Regional de Murcia, cuyo tiempo de mandato está ligado al del director general. Parece inevitable que la nueva jefatura de la radiotelevisión pública forme parte, en mayor o menor medida, de la campaña electoral.

Más cambios en breve.

A salvo de la redacción de una ley nueva para el sector audiovisual, propósito asumido por todos los grupos parlamentarios, queda por debatir en las próximas semanas la modificación de la Ley de Transparencia, propuesta del grupo socialista, que incluye una disposición adicional que afecta a la radiotelevión pública. Las sugerencias más relevantes se refieren a la prohibición de externalizar los servicios informativos (circunstancia que afecta directamente a la televisión, dado que actualmente es cien por cien privada) y la creación de un Consejo de Redacción entre los periodistas de RTRM que sea el responsable de los contenidos informativos. Además, se propone la modificación del artículo 26, en el sentido de regular la propaganda y publicidad en campaña electoral. Se establece la obligación de realizar al menos un debate en los medios de comunicación públicos entre los cabezas de lista con representación parlamentaria, y se abre la posibilidad de debates entre todas las candidaturas, siempre ateniéndose a las normas de la Junta Electoral.

TODA LA OPOSICIÓN PIDE LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS EN EL ERE DE RADIOTELEVISIÓN REGIÓN DE MURCIA

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado hoy un modo distinto de elección del director general de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM). El candidato deberá ser alguien de reconocido prestigio que obtenga los votos de dos tercios de la cámara, en primera instancia, o de la mayoría absoluta una semana después.
Como si estuviéramos camino de la luna: un pequeño paso hacia la desvinculación de la dirección de la radiotelevisión pública del gobierno y/o partido de turno. La iniciativa partió del grupo socialista, y obtuvo el consenso de todos los grupos, aunque Podemos finalmente se abstuvo, debido a la no admisión de su enmienda a la totalidad, que consistía en una nueva ley completamente nueva para la radiotelevisión pública.

Emilio Ivars, grupo socialista

Queda en el capítulo de los propósitos la redacción, que debe contar con la negociación y acuerdo de todo el arco parlamentario, de una nueva ley para el sector audiovisual público en la comunidad murciana, una normativa moderna, profesional y adecuada a los nuevos tiempos.
Y quedan las voces de tres grupos que constituyen la mayoría de la Asamblea Regional: PSOE, Podemos y Ciudadanos, criticando el ERE injustificado que tanto sufrimiento ha ocasionado a nuestros compañeros, y que ha causado un deterioro lamentable en la calidad de la programación de la radio Onda Regional de Murcia.
Adjuntamos el enlace a este breve debate,  que puede significar el inicio de un camino de cambio, y que acogemos con esperanza: PlenoDirectorRTRM20151022

SIN MEDIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, NO HAY DEMOCRACIA

Verdades sobre la radiotelevisión pública de Murcia

La entrevista a la consejera Noelia Arroyo, publicada en el diario La Verdad de este domingo 9 de agosto, contiene referencias a nuestra empresa que resultan preocupantes por lo inexacto de sus declaraciones. Son referencias breves acerca del nombramiento del director general de RTRM, y en las que da por exitoso el modelo de gestión que hace apenas tres meses puso en marcha la nueva 7 TV. Sobre su gestión, totalmente privada, habrá tiempo de analizar y opinar. Nada dice la consejera de Onda Regional de Murcia, la radio pública, ni de su desmantelada programación desde que se decidió un ERE hace dos años, ni tampoco de la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales esos despidos.

Escribimos este artículo con la intención de aclarar conceptos.

Mezcla la consejera distintas iniciativas de los grupos de oposición en la Asamblea Regional que, por ahora, son tres:

1. Modificación de la ley electoral. Es la única que ya ha sido aprobada, y en ella se ha incluido la obligación de realizar debates en los medios públicos en las campañas políticas.

2. Modificación de la Ley de Transparencia. En una propuesta presentada por el grupo socialista, se apunta la necesidad de cambiar la ley de creación de RTRM, como mínimo, en cuatro aspectos: la composición del Consejo de Administración (plural y proporcionada); la elección del director general (por mayoría en la Asamblea Regional); la prohibición de privatizar o externalizar los servicios informativos; la creación de un Consejo de Redacción con competencias sobre los contenidos.

3. Reforma de la ley de RTRM en el único aspecto de la elección del director general. Presentada por el grupo socialista.

Sobre la elección de un nuevo director

La situación actual todavía nos remite a ley de creación de RTRM, aprobada en diciembre de 2004, donde se establece que el director general será nombrado por el Consejo de Gobierno, previa consulta al Consejo de Administración. Si bien el Consejo de Administración debe dar su parecer, se trata de una posición simbólica que, si tiene signo negativo, no afecta en nada a la decisión del gobierno regional. Establece la ley que su mandato durará una legislatura y permanecerá en funciones hasta la designación de su sucesor.

Por tanto, el cese publicado por el Boletín Oficial de la Región no fue mero trámite, como dice la consejera, sino un error, como publica ese organismo (véase BORM)

Las elecciones de mayo apenas han dejado un mes para los trabajos parlamentarios, por lo que esperamos que septiembre reanude con ganas la actividad para el debate de iniciativas como las que hemos mencionado y otras, específicamente referidas a la reincorporación de los compañeros injustamente despedidos en el ERE, en las que el comité de empresa de RTRM y la sección sindical de CCOO andan empeñados con insistencia.

Debates en campaña por imperativo legal (estamos en Murcia)

La modificación de la Ley Electoral de la Región de Murcia incluye, en sus apenas seis páginas, cambios significativos más allá de la organización del voto. Se ocupa también de que haya debates durante las campañas electorales, con lo que gestiona los contenidos periodísticos de los medios de comunicación públicos audiovisuales, a saber: la delegación territorial de la corporación RTVE y Radiotelevisión Región de Murcia (radio y televisión, en ambos casos).

Los cambios en el artículo 26 de la ley suponen, por un lado, la distribución de espacios de propaganda gratuita, teniendo en cuenta la representación obtenida o no en las anteriores elecciones con esa marca mínima y nueva del tres por ciento. Pero además, y aquí está lo netamente periodístico, se establece la obligación de celebrar al menos un debate entre quienes encabecen todas las listas presentadas que ya tuvieran representación parlamentaria, y se podrán celebrar debates entre todas las candidaturas proclamadas. Todos estos debates se regirán por los principios de igualdad de oportunidades y equidad.

Artículo de Ana Reviejo, miembro de la sección sindical CCOO-RTRM

Es decir, existe el mínimo insoslayable de un debate con los partidos que dispongan de escaños, y la posibilidad -el permiso que otorga la ley- de otros debates con más partidos, aunque no estén aún en el Parlamento. Ahora bien, ¿cómo organizar el contenido y distribución de turnos en esos debates?. La ley dicta que se ocupe de ello la Junta Electoral Regional.

Es evidente que, hasta ahora, en los medios audiovisuales públicos de Murcia no ha existido una orientación profesional independiente a la hora de organizar la información sobre las campañas electorales. No se tiene en cuenta qué es noticioso o relevante informativamente para los ciudadanos, sino que se organiza a priori un tipo de programas (entrevistas, boletines) cuya duración proporcional tiene que ver con el número de diputados. Para diferenciarlos de los meros anuncios publicitarios, digamos que se establece una serie de “publirreportajes”, aunque no se denominen así.

Si hubiera habido, en los años democráticos, orientaciones profesionales, no habría existido esa discusión permanente sobre los debates y su necesidad o no. Al contrario, habría debates, y de todo tipo, con normalidad. Resulta ahora bien llamativo que tengan que meterse a periodistas jueces y politicos, pues a tenor de la nueva ley electoral tenemos que:

• El poder legislativo, en esa ley, marca unos determinados contenidos (los debates)
• El poder judicial, según indica la misma norma, pondrá límites y distribuirá los tiempos de tales contenidos.

He aquí una muestra de la evolución errada de los medios de comunicación públicos ligados a las instituciones y gestionados como si fueran sus portavoces, cuando esa labor ya la llevan a cabo, con abundancia y eficacia, los gabinetes de prensa. Los que tanto se fijan en los niveles de audiencia para criticar la falta de apego ciudadano a esos medios, deberían reflexionar sobre la ausencia de criterio profesional y gestión deformada que se hace de las radios y televisiones públicas. No interesan porque realmente no informan ni facilitan canales que amplíen la visión crítica de la sociedad que construimos.

Que haga falta una ley para que sea obligatorio ofrecer puntos de vista contrastados en campaña electoral significa entre otras cosas, para los medios, un fracaso profesional; para los ciudadanos, ausencia de influencia en quienes legítimamente deben servir para hacer efectivo el derecho a la información; para los políticos, un pluriempleo al que se están mal acostumbrando.